La acción de Telefónica cerró la sesión del viernes con un descenso del 4,4%, hasta 3,28 euros, arrastrada por el pesimismo que recorrió al conjunto del sector europeo de telecomunicaciones. El detonante fue la preocupación por la irrupción de servicios móviles vía satélite después de que SpaceX sellara un acuerdo para adquirir una cartera de frecuencias de 800 MHz a Grain Management, una operación que aún queda condicionada a la aprobación de los reguladores. La presión sobre el valor se produce, además, en un momento en que JPMorgan ha revisado a la baja su valoración: según informaciones de prensa, la entidad estadounidense recortó su precio objetivo desde 3,90 hasta 3,70 euros, aunque mantuvo su recomendación neutral. La distinción no es menor, ya que el ajuste no equivale a un consejo de venta, pero tampoco supone un espaldarazo a la cotización.
Un contrato público recuperado tras catorce meses de litigio
En medio de ese clima adverso, la compañía que preside Marc Murtra celebró un triunfo en su mercado doméstico. El jueves, el Gobierno español reactivó el procedimiento de adjudicación del contrato para la red de seguridad informática y centros de datos CORA III. Telefónica había concurrido a través de una unión temporal de empresas para hacerse con el lote 3, con una oferta de 63,06 millones de euros sin IVA. El desbloqueo llega después de catorce meses de disputa judicial, que concluyó con la restitución del estatus de adjudicatario al consorcio. El conjunto del proyecto estatal supera los 100 millones de euros.
Recuperar ese contrato refuerza la posición del grupo en el negocio de servicios tecnológicos para las administraciones públicas y pone fin a meses de incertidumbre. Con una capitalización bursátil de 19.280 millones de euros, Telefónica sigue siendo uno de los pesos pesados del sector en Europa, aunque en su propio país afronta decisiones regulatorias de calado.
Chile y México: dos desinversiones en fases muy distintas
La compañía avanza en paralelo en su plan de enajenación de participaciones. Telefónica y KKR han puesto en marcha, según fuentes periodísticas, el proceso de venta de su sociedad conjunta chilena de fibra óptica OnNet Fibra, en la que el fondo estadounidense controla el 60% y el operador español el 40% restante. La operación podría dilatarse hasta 2027 y cuenta con JPMorgan y Scotiabank como asesores. Conviene subrayar que el arranque de un proceso de venta no equivale a un cierre firmado, y el horizonte temporal manejado responde a una expectativa, no a una fecha de ejecución garantizada.
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Más avanzada está la salida del negocio mexicano de Movistar, que se traspasa a Melisa Acquisition. La Comisión Federal de Competencia Económica de México aprobó la operación el martes, según recoge EFE. El importe de la transacción asciende a 450 millones de dólares y las partes disponen de seis meses desde la notificación para formalizar el cierre. La luz verde del regulador elimina un obstáculo relevante, si bien no implica que la venta esté consumada. En ambos casos, la clave para el inversor pasa por distinguir con precisión entre proceso iniciado, autorización obtenida y traspaso efectivo.
El fin del servicio universal, a consulta
El frente regulatorio español también sigue vivo. El ministerio competente abrió el miércoles una consulta pública sobre un proyecto de real decreto que prevé que Telefónica de España deje de estar designada como prestadora del servicio universal de banda ancha y voz en ubicaciones fijas a partir del 1 de enero de 2027. El periodo de alegaciones se extiende hasta el 22 de octubre de 2026. Se trata, en todo caso, de una propuesta y no de una supresión ya vigente.
Al margen de estas cuestiones, la compañía registra avances en otras áreas de negocio. Movistar Prosegur Alarmas ha elevado su base de clientes un 30% desde 2024, hasta alcanzar los 650.000 abonados. La operadora mantiene asimismo el objetivo de lograr emisiones netas cero en la totalidad de sus operaciones para 2040.
El balance que arroja el conjunto es dispar: la adjudicación mexicana ha superado un trámite decisivo, mientras el proceso chileno y la revisión normativa española continúan sin resolverse. La recomendación neutral de JPMorgan, acompañada de un precio objetivo más bajo, encaja con esa fase intermedia. Los progresos en la reestructuración existen, pero todavía no permiten hablar de transformaciones culminadas.
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