El Departamento de Justicia estadounidense ha elevado considerablemente la apuesta regulatoria contra el gigante tecnológico Alphabet, propietario de Google. En una medida sin precedentes, las autoridades exigen la venta del navegador Chrome, marcando el ataque antimonopolio más agresivo contra una empresa de tecnología en más de dos décadas. El impacto en los mercados fue inmediato: las acciones de Alphabet registraron una caída del 4%. La pregunta que ahora surge es qué implicaciones reales tendrá esta decisión para el modelo de negocio de la compañía y si podría culminar en la fragmentación completa del conglomerado.
Un desafío legal histórico
El 20 de noviembre de 2024, las autoridades judiciales presentaron una solicitud de 23 páginas que contiene exigencias transformadoras. El núcleo de la demanda es la separación obligatoria del navegador Chrome, como remedio al presunto monopolio ilegal del motor de búsqueda de Google. Esta acción representa la intervención antimonopolio más significativa en el sector tecnológico desde el caso Microsoft en 2001.
La importancia estratégica de Chrome para Google trasciende su función como simple navegador. Con una cuota de mercado global de dos tercios, esta plataforma funciona como una puerta de acceso fundamental hacia el negocio central de búsquedas, que generó ingresos publicitarios por 49.400 millones de dólares únicamente en el último trimestre. A través de Chrome, la empresa recopila datos de usuarios extremadamente valiosos que consolidan su posición dominante.
El argumento del Departamento de Justicia es contundente: solo mediante la escisión de Chrome se podría "poner fin de manera permanente al control de Google sobre este punto de acceso crítico a la búsqueda". Las medidas correctivas propuestas tendrían una vigencia de diez años y estarían supervisadas por un comité designado judicialmente.
Respuesta corporativa y fundamentos empresariales
La reacción de Alphabet no se hizo esperar. Kent Walker, principal asesor legal de la compañía, calificó las demandas como "asombrosas" y advirtió sobre una "intromisión estatal sin precedentes" que perjudicaría a consumidores, desarrolladores y pequeñas empresas estadounidenses. Según la empresa, las medidas propuestas exceden con creces el fallo judicial original y comprometen la privacidad y seguridad de los usuarios.
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A pesar de este revés regulatorio, los fundamentos operativos de Alphabet muestran solidez. Durante el tercer trimestre de 2024, los ingresos totales experimentaron un crecimiento del 15%, alcanzando los 88.300 millones de dólares. Google Cloud alcanzó por primera vez su rentabilidad, registrando un beneficio operativo de 1.900 millones de dólares.
Un horizonte de batalla legal prolongado
El juez Amit Mehta ha programado el proceso sobre las medidas correctivas para abril de 2025, anticipándose un veredicto final para agosto del mismo año. Sin embargo, un factor de incertidumbre adicional lo constituye la posible administración de Donald Trump, cuyas declaraciones contradictorias respecto a una potencial fragmentación de Google podrían reorientar el caso completamente.
Google ya ha manifestado su intención de apelar cualquier resolución desfavorable, lo que probablemente extendería el litigio durante varios años. Para los inversores, esta perspectiva significa que cambios estructurales significativos resultan improbables en el futuro inmediato.
Ampliación del alcance regulatorio
Las exigencias gubernamentales se extienden más allá de Chrome. Las autoridades buscan la terminación de todos los acuerdos de exclusividad con Apple y Samsung, contratos que representan un costo de miles de millones para Google pero que garantizan su posición como motor de búsqueda predeterminado en cientos de millones de dispositivos. Solo los pagos a Apple durante 2022 se estimaron en 20.000 millones de dólares.
Adicionalmente, se propone obligar a Google a compartir datos de su índice de búsqueda e interacciones de usuarios con sus competidores, estableciendo costos mínimos para el acceso. Esta medida apunta directamente al dominio del 94,9% que Google mantiene en el mercado de búsquedas móviles.
El elemento más disruptivo reside en una cláusula escalonada: si las medidas basadas en conducta resultan insuficientes, las autoridades podrían exigir la separación del sistema operativo Android. Este escenario tendría consecuencias sísmicas para el modelo de negocio fundamental del conglomerado tecnológico.
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