La acción de Intel atraviesa uno de sus momentos más complicados. En lo que va de 2024, el valor se ha desplomado aproximadamente un 57%, en un contexto donde competidores como Nvidia y TSMC amplían su ventaja. La situación se agrava con el último reporte de la empresa, que registró pérdidas multimillonarias. Sin embargo, un soplo de aire fresco llega desde la capital estadounidense: una ayuda directa de 7.860 millones de dólares amparada en la ley CHIPS, una de las asignaciones individuales más cuantiosas de este programa. La incógnita ahora es si este capital será suficiente para relanzar al gigante de los semiconductores.

Un Plan Colosal: Inversión y Empleo en Cuatro Estados
A finales de noviembre de 2024, el Departamento de Comercio de Estados Unidos hizo oficial la concesión de esta financiación. Es crucial destacar que estos miles de millones no constituyen una donación, sino un impulso inicial para un mastodóntico programa de inversión que ronda los 100.000 millones de dólares. El objetivo es ambicioso: construir desde cero o modernizar un total de doce plantas de fabricación y empaquetado de chips localizadas en Arizona, Nuevo México, Ohio y Oregón. Se trata de la expansión más significativa en la industria de los semiconductores en suelo estadounidense en décadas.
El estado de Arizona acapara cerca del 50% de la inversión total. En la localidad de Chandler se levantarán dos nuevas fábricas, a la vez que se actualizan las instalaciones ya existentes. Se prevé que este impulso genere unos 10.000 nuevos puestos de trabajo en el área metropolitana de Phoenix, con salarios promedio anuales de 135.000 dólares. Paralelamente, en Ohio, las obras de un proyecto valorado en 20.000 millones de dólares near Columbus, iniciadas a finales de 2022, continúan su marcha. Este complejo está destinado a producir los chips más avanzados de Intel y dará empleo en sus picos de actividad a unos 7.000 trabajadores de la construcción.
Condiciones Estrictas: El Dinero Tiene Letra Pequeña
El gobierno de Washington no está escribiendo un cheque en blanco. El desembolso de los 7.860 millones de dólares se realizará de forma progresiva y supeditada al cumplimiento de hitos concretos por parte de Intel. La empresa deberá demostrar avances en inversiones, cumplir con los plazos de finalización de obras, mostrar progresos tecnológicos y garantizar volúmenes de producción. Adicionalmente, la compañía se ha comprometido a invertir un mínimo de 35.000 millones de dólares en investigación y desarrollo dentro de Estados Unidos entre 2024 y 2028.
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Las condiciones de rescate otorgan al gobierno un significativo poder de supervisión. Se imponen restricciones a la distribución de dividendos y a la recompra de acciones, y se prohíben expansiones en ciertos mercados extranjeros. Una cláusula especialmente relevante establece que cualquier inversor que pretenda adquirir más de un 35% de Intel necesitará la autorización expresa de las autoridades estadounidenses. Esta normativa también se aplica a la recién creada filial Foundry, diseñada para fabricar chips para otras empresas, un movimiento que desafía directamente a TSMC y Samsung.
Crisis Empresarial y Prioridad Geopolítica
La ayuda estatal llega en un momento crítico. Intel se enfrenta a dificultades de gran envergadura, incluyendo una pérdida neta de 17.000 millones de dólares en el tercer trimestre de 2024 y un recorte de plantilla que afectará a 15.000 empleados. Mientras Nvidia capitaliza el auge de la inteligencia artificial y AMD gana terreno, Intel lucha por mantenerse a flote. El desplome de su cotización es el reflejo más evidente de este drama.
No obstante, Intel ha trascendido su condición de empresa en apuros para convertirse en una cuestión de seguridad nacional. Estados Unidos busca reducir su dependencia de los proveedores asiáticos de semiconductores, especialmente en áreas sensibles como la defensa y las infraestructuras críticas. Esta estrategia se refuerza con un contrato separado de 3.000 millones de dólares para el programa "Secure Enclave" del Pentágono.
La finalización de las grandes fábricas está prevista para 2026. Los próximos años serán determinantes para saber si Intel logra transformar esta inyección multimillonaria en un resurgimiento real. Una cosa es cierta: un posible fracaso a pesar del apoyo gubernamental no sería solo un revés corporativo, sino también un potente mensaje geopolítico.
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