La esperanza de una rápida claridad normativa para las criptomonedas en Estados Unidos se ha topado con un obstáculo inesperado. Brian Armstrong, consejero delegado de Coinbase, retiró en el último momento el apoyo de la empresa a un proyecto de ley sobre activos digitales que llevaba tiempo negociándose. Esta decisión provocó el aplazamiento inmediato de una votación crucial en el Comité Bancario del Senado, sumiendo de nuevo al sector en la incertidumbre. La postura de la compañía es clara: prefiere no tener ley antes que aceptar una normativa que considere perjudicial.
Un veto que divide al sector
El foco del desacuerdo es el borrador de la ley conocida como "Digital Asset Market CLARITY Act". Armstrong justificó el rechazo el pasado miércoles, argumentando que el texto actual causaría más daños que beneficios a la industria. Su oposición se centra en cuatro aspectos concretos: una posible prohibición de los rendimientos por tenencia de stablecoins, intrusiones en la privacidad de las aplicaciones financieras descentralizadas (DeFi), restricciones de facto para las acciones tokenizadas y una ampliación de competencias que fortalecería a la estricta Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
Este movimiento ha evidenciado una fractura dentro del propio ecosistema cripto. Mientras Coinbase adopta una línea dura, otros actores relevantes, como Ripple o la firma de capital riesgo Andreessen Horowitz, se habrían mostrado dispuestos, según informaciones, a aceptar un compromiso imperfecto con tal de salir del limbo legal actual. La cancelación de la sesión senatorial demuestra el poder de veto de la plataforma de intercambio.
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Presión operativa y diálogo político
Más allá del pulso legislativo, Coinbase enfrenta críticas en su operativa diaria. Alex Svanevik, CEO de la firma de análisis Nansen, calificó recientes aumentos de comisiones en la plataforma profesional de Coinbase como "una locura". Este es un asunto delicado para la empresa, ya que los ingresos por transacciones siguen representando la mayor parte de su facturación, lo que la sitúa en una difícil balanza entre la rentabilidad y la satisfacción de sus usuarios más activos.
Paralelamente, Armstrong intenta suavizar el impacto político de su bloqueo. El domingo, desmintió rumores de un enfrentamiento con la Casa Blanca, describiendo las conversaciones en curso como "súper constructivas". Fuentes indican que la administración ha instado a Coinbase a negociar directamente con representantes del sector bancario sobre las polémicas reglas para stablecoins, lo que sugiere que aún queda una puerta abierta para un acuerdo.
La cuenta atrás electoral y la reacción bursátil
El tiempo juega en contra. Los analistas advierten de que, sin un avance pronto, todo el proceso regulatorio podría congelarse hasta después de las elecciones legislativas de 2026. A medida que se acerque la campaña, el margen para aprobar leyes complejas se reducirá drásticamente, un escenario que retrasaría aún más la aceptación institucional de los criptoactivos en el país.
La cotización de Coinbase (COIN), que cerró el viernes en 241,15 dólares, se enfrenta a una semana de alta sensibilidad ante este estancamiento político. Los inversores valorarán las consecuencias de una estrategia que, aunque arriesgada, refleja la determinación de la compañía por evitar una regulación que considere adversa para el futuro de la industria.
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